El papel del Estado ha experimentado una transformación en el mundo occidental. Este cambio se ha producido en varias direcciones. En primer lugar, la línea de división entre el sector público y el sector privado aparece más difusa, ya que el primero acude cada vez con mayor frecuencia al sector privado para realizar algunas de sus responsabilidades.
En segundo lugar, el concepto de sector público ha cambiado: ya no es la única institución “supraindividual” sino que está formado un conjunto más complejo de entidades, tanto supranacionales –la Unión Europea– como dentro de la misma nación –gobiernos centrales, regionales, municipales–, que se reparten las competencias y se disputan los recursos.
Por último, con el nacimiento de instituciones como las ONG, que han asumido y gestionado eficazmente un número elevado de tareas confiadas inicialmente al Estado, el concepto público se desliga de una de sus atribuciones tradicionalmente exclusivas: no tener ánimo de lucro.
Nuevas funciones
A lo largo de este último siglo, el Estado ha ido asumiendo diferentes funciones respecto a la corrección de fallos en el mercado. Es el caso de la regulación de monopolios y del sistema financiero; el establecimiento de ciertos estándares medioambientales, o de un más alto nivel de protección al consumidor. En algunos casos, so pretexto de implementar políticas de mercado, el Estado ha tenido una función activa en la creación de mercado y la promoción de negocios (Tabla 1).
Tabla 1. Funciones del Estado
Sin embargo, el crecimiento del Estado – y, en particular, del gasto público- se debe sobre todo a otra función que se puede definir como mejora de la equidad, es decir, la redistribución de riqueza.
Por un lado, el componente social del gasto público –pensiones redistributivas, subsidios de desempleo- ha aumentado más que el consumo público (Tabla 2). Por otro lado, muchos componentes del gasto que teóricamente no son “sociales” tienen, de hecho, un componente redistributivo: es el caso de la enseñanza, la sanidad y los sistemas de pensiones públicos. Por consiguiente, es inútil pensar en el futuro del Estado considerando sólo su eficiencia en relación al sector privado: la redistribución, en muchos casos, tiene que ser algo impuesto, para que sea eficaz.
Tabla 2. Distribución y evolución del gasto público
Fuente: Banco Mundial, World Development Report, 2001
Hay que tener en cuenta este hecho, al referirse a la otra ineficiencia frecuentemente esgrimida: el exceso de burocracia. Es un error pensar que cualquier iniciativa puede llevarse a cabo como una empresa privada, por dos razones: la primera es que no hay un modelo ideal de gestión de empresas; la segunda, y más importante, existen razones fundadas que explican por qué una actividad pública no debe llevarse a cabo como empresas privadas:
"There is a role in our society for different kinds of organizations and for the different contributions they make (...) Business can learn from government no less than government can learn from business; and both have a great deal to learn from cooperative and nonowned organizations."
(MINTZBERG, ‘Managing Government’, HBR, mayo-junio 1996, pág. 75)
El sector público debe, por lo tanto, ser entendido no sólo en términos de ratios de eficiencia, y cuentas de pérdidas y ganancias, sino también como una organización que tiene sus propias características concretamente una finalidad diferente al margen del mercado.
Las Administraciones Públicas persisten como instrumento para la acción colectiva, y, como tal, ejercerán su influencia en el sector privado, en la posición competitiva de las empresas de los diferentes sectores y países. Como consecuencia, tanto los administradores como los directivos de empresas deben contribuir al proceso de redefinición del papel de las Administraciones Públicas y a la reforma del gobierno.
Se hace necesario por tanto abrir un diálogo con la sociedad civil y sus instituciones. El Centro SP-SP, se crea con esta intención.
