El caso español

Si bien España se mantiene en el puesto 23 en el Índice de Crecimiento, está situada por detrás de algunos de sus principales competidores europeos y de países supuestamente menos desarrollados, como Singapur o Chile. La ausencia de cambios significativos respecto al año pasado se debe sobre todo a unos sólidos resultados macroeconómicos y a la mejora en el índice tecnológico, que han contrarrestado el descenso en la calificación de la calidad de las instituciones públicas.

Al seguir España en el puesto 23, y siendo ésta además la posición que ocupa a nivel mundial en términos de PIB per cápita, podría interpretarse el resultado como positivo. Sin embargo, aunque es cierto que nuestro país mantiene importantes ventajas competitivas en cuanto al entorno macroeconómico y un ranking (16) muy positivo, la calidad de nuestras instituciones públicas (34) deja mucho que desear, y además cae tres puestos respecto al año pasado. Temas como la independencia judicial, la realización de pagos irregulares o la protección de los derechos de propiedad nos sitúan a la cola de Europa y por detrás de países como Ghana, Botswana o Marruecos.

El factor innovación

En el área tecnológica, España registra un buen resultado (20), aunque conviene matizarlo. En primer lugar, el informe del FEM utiliza fórmulas diferentes para medir la competitividad tecnológica de las economías, según pertenezcan o no al grupo de los países innovadores. En este grupo se incluyen las 25 economías con mayor número de patentes de Estados Unidos registradas, y distingue entre los países cuyo crecimiento depende de su capacidad de innovación y los que dependen de la adopción de tecnología extranjera, como es el caso de España. En este último grupo, la fórmula empleada da un peso mucho menor a la innovación y al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y sin embargo incluye en el cómputo la transferencia tecnológica, que básicamente consiste en utilizar la inversión y licencias extranjeras como base de adquisición de nueva tecnología. Está claro que España así valorada obtiene un ranking alto, pero lo que deberíamos ser capaces de conseguir es pasar al estado siguiente, el de creadores de tecnología.

En segundo lugar, los aspectos en los que España acusa importantes desventajas competitivas, que son básicamente todo lo referente a las TIC, influyen directamente en el funcionamiento empresarial. Por ello, el fomento de las nuevas tecnologías y un mayor esfuerzo inversor en investigación y desarrollo son fundamentales para obtener mejores niveles de productividad.

Entorno de negocios débil

La posición de España en el Índice de Competitividad Empresarial es inferior a su nivel de PIB per cápita. El dato sitúa a España en el grupo de los overachievers, es decir, los países en los que los resultados económicos superan los que deberían tener según el indicador de competitividad. El caso especial de otro overachiever, Noruega, ayuda a comprender mejor esta aparente contradicción. Se trata de un país con una renta per cápita muy alta, pero con un indicador de competitividad más bajo. ¿A qué es debido? Noruega dispone de abundantes recursos petrolíferos, pero sus empresas carecen del dinamismo y capacidad que muestran las de Finlandia o Japón. En estos países, la escasez de recursos naturales les ha obligado a “espabilarse” y buscar en la innovación continuada una forma de alcanzar un nivel de vida cada vez mayor.

Más desventajas que ventajas

El Índice de Competitividad Empresarial revela los puntos débiles que impiden que nuestros niveles de productividad se sitúen a la par que los de nuestros principales socios europeos. Tal y como muestran las tablas adjuntas, las principales ventajas competitivas de España, pero también sus principales desventajas, se hallan en el área del entorno de negocios. Nuestro país disfruta de ventajas competitivas importantes en aspectos como el diferencial en los tipos de interés, la penetración de la telefonía móvil, la solidez del sistema bancario y la calidad de las escuelas de negocios.

Con todo, a la hora de hacer negocios en España, la regulación y las prácticas laborales, el acceso a la financiación, la promoción estatal de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y la burocracia, son auténticas trabas para la actividad empresarial. Es imperativo que los gobiernos mantengan el entorno de negocios en condiciones óptimas de competencia y eficiencia. Ello permitirá que las empresas aprovechen todo su potencial productivo. Por su parte, éstas muestran algunas carencias preocupantes, como la insuficiente sofisticación de sus operaciones y estrategias, en especial el apartado de I+D. Para paliarlo, las empresas deben realizar un mayor esfuerzo inversor.