Existen, fundamentalmente, dos aspectos que podrían impulsar la economía española: la recuperación internacional y la creación del Fondo Europeo de Estabilización Financiera.

La recuperación internacional. Según las previsiones del FMI, el PIB mundial crecerá un 4,2% en 2010. Una cifra que se sitúa por encima de la media de los últimos setenta años. Tanto Estados Unidos ―crecerá un 3,1% en 2010 y un 2,6% en 2011―como la eurozona ―1,0% este año y 1,5% el que viene― verán como sus PIB aumentan por debajo de la media mundial. Lo que nos lleva a los que serán motores de esta recuperación: los denominados BRIC (Brasil, China, India, Rusia) y las economías en desarrollo, como las latinoamericanas. India crecerá por encima del 8% en los dos próximos años, China se situará en torno al 10%. En América latina algunos países como Perú, México o Chile crecerán entre un 5% y un 6% en el mismo período. Además, la caída del euro respecto del dólar permitirá un abaratamiento relativo de nuestros productos, favoreciendo que muchos países latinoamericanos y asiáticos opten por adquirir bienes y servicios europeos, favoreciendo el crecimiento de la región.

El Fondo Europeo de Estabilización Financiera. Este fondo, creado a raíz del “rescate” de la economía griega, funciona ahora como una “red de seguridad” para aquellos países que puedan tener problemas.  Elimina parte del riesgo y garantiza que si un país atraviesa por dificultades serias se le podrá ayudar de un modo ordenado y eficaz. El Fondo cuenta con 750.000 millones de euros de presupuesto. De éstos, 60.000 los pondría la Comisión Europea, 440.000 millones los estados de la eurozona a través de préstamos bilaterales y los 250.000 millones restantes el FMI. El FMI, además, impondría condiciones al país receptor de la ayuda para reequilibrar su economía, aumentar sus posibilidades de crecimiento futuro y recuperar la confianza de los mercados internacionales.

En el horizonte de nuestra economía, se presentan tres retos a los que habremos de enfrentarnos y que nos exigirán medidas eficaces y concretas. Se trata del alto desempleo, de la situación del sistema financiero y de las denominadas exit strategies.

Desempleo y consumo: Entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2010, la economía española ha destruido 2.438.500 puestos de trabajo. El número total de parados se sitúa en 4.612.700, lo que supone un 20,05% de nuestra población activa. Además de estar en el paro, 1.291.788 personas  no tienen derecho a ningún tipo de prestación. Y ya hay más de un millón de hogares en los que todos sus miembros en paro. Ello sin olvidar a todos aquellos trabajadores que, dada la situación de incertidumbre generalizada, temen por la posible pérdida de su empleo.  Como consecuencia de todo ello, la demanda agregada española –que se ha contraído más de diez puntos desde 2007– se encuentra paralizada. Y es que hay un alto porcentaje de españoles que han aumentado su ahorro y congelado su consumo.

Sistema financiero: Es cierto que las entidades financieras españolas han sido capaces de absorber mejor el “golpe” de la crisis económica que las de otros países europeos. Pero eso no quiere decir que muchas de ellas no estén atravesando una situación muy complicada por muchas razones:

• En primer lugar por las elevadas tasas de morosidad que vienen registrando desde principios de 2009. En los bancos, la morosidad ha crecido un 2,5% desde enero de 2009. En las cajas de ahorro, un 1,7% en el mismo período. Una muestra de cómo el empeoramiento de la situación económica española y el incremento del paro han afectado a la situación de las entidades financieras.

• En segundo lugar por el exceso de capacidad instalada de bancos y cajas. A mediados de 2009, los bancos que operaban en España contaban con 15.580 oficinas y 115.129 empleados. Las cajas de ahorros se repartían en unas 25.000 oficinas y operaban con 134.786 empleados. Demasiadas, a tenor del informe presentado por PriceWaterhouseCoopers en julio de 2009, en el cuál aseguraba que, con la situación contractiva de nuestra economía y las escasas perspectivas de pronta recuperación, sería necesario eliminar cerca de 12.000 sucursales y alrededor de 35.000 empleos.

• En tercer lugar, por la lentitud en su aplicación y las incertidumbres generadas por el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El FROB entró en vigor el 26 de junio de 2009. Durante casi un año su tarea se limitó a intervenir Caja Castilla la Mancha y favorecer su fusión con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Sólo ahora, en los últimos meses, es cuando ha intensificado su acción, coincidiendo con el final de su funcionamiento, previsto inicialmente para junio, pero aplazado a septiembre. Aún quedan varios procesos de consolidación por concretarse, pero el simple hecho de haber pasado de 43 Cajas de Ahorros a 18, en un año, nos muestra que, aunque sea tarde, el FROB está empezando a dar algunos frutos.

• En cuarto y último lugar, por las incertidumbres y los cambios a las que las entidades van a tener que enfrentarse en los próximos meses. El desapalancamiento general de familias y empresas, la retirada de las líneas a plazo puestas en marcha por el Banco Central Europeo, el vencimiento de los bonos bancarios, el encarecimiento de la financiación por el empeoramiento de los ratings, la bajada del Euribor, mayores incrementos de la morosidad, la aparición de nuevas regulaciones… cambiarán sin duda el modo de operar de las entidades financieras. Tendrán que enfrentarse, entre otras cosas,  a la disminución de sus márgenes financieros, a posibles reducciones de sus activos o, incluso, a “guerras” por la captación de pasivos.

Exit Strategies: Las estrategias de salida son  las medidas que, tanto a nivel mundial como nacional, van a tener que tomarse para corregir los excesos en los que se ha incurrido a la hora de aliviar los efectos de la crisis. Podemos agruparlas  en torno a la política presupuestaria y a la política monetaria.

• Política Presupuestaria. A lo largo del año 2009, el gobierno español puso en marcha un buen número de medidas cuyo objetivo era, fundamentalmente, potenciar el crecimiento económico y suavizar la caída del empleo. Ésta medidas (la devolución de los 400 euros en el IRPF, el plan para obra pública en los ayuntamientos, los planes de ayuda a la compra de vehículos…) supusieron un desembolso de 25.000 millones de euros.  El aumento del desempleo (con el pago de prestaciones asociadas a él) y la contracción de la actividad, terminaron por incrementar los gastos y hundir los ingresos hasta las cifras de déficit comentadas al inicio del artículo. Con el aumento del déficit, vino de la mano el crecimiento de la deuda pública como también se ha dicho anteriormente. Ante este panorama, el gobierno ha puesto en marcha distintos planes para reducir el déficit y controlar la deuda. En primer lugar, anunció la subida del IVA y del impuesto sobre el capital para el primer día de julio. En segundo lugar, en la actualización del Programa de Estabilidad para España que en Febrero de 2010 se envió a Bruselas, se ponía en marcha un importante ajuste del sector público. Según dicho plan, entre 2009 y 2013 el déficit de las administraciones públicas en su conjunto debería reducirse un 8,4%. Para ello, se estimaba que los ingresos deberían aumentar en ese mismo período un 3,7% y que los gastos tendrían que caer un 4,8%. En tercer y último lugar, la escasa confianza que estos planes despertaron en los mercados internacionales, obligó al Gobierno a proponer nuevas medidas para recortar el déficit, adicionalmente, un 0,5% en 2010 y 1% en 2011. Estos 15.000 millones de euros de recorte saldrán de la caída de la inversión pública (6.000 millones de euros), una reducción del 5% del sueldo de los funcionarios (4.000 millones de euros) y de la eliminación y reducción de otras partidas de gasto como el llamado “cheque bebé” o la congelación de las pensiones.

Este incremento de los impuestos y la reducción del gasto y de la inversión pública tendrá efectos contractivos en nuestra economía que se notarán, como advierte FUNCAS, en los dos últimos trimestres de este año.

• Política Monetaria. La integración española en el euro nos hizo perder la soberanía sobre la política monetaria. En este sentido, España se enfrentará en los próximos meses con un importante problema: el riesgo de diferentes ritmos de salida de la recesión en la eurozona. Si Alemania, Francia y los países “centrales” del euro consolidaran su salida antes que España y el resto de los países “periféricos”, el BCE podría comenzar a subir los tipos de interés para controlar la inflación en los primeros. Lo que ralentizaría y retrasaría aún más nuestra salida.

En este estado de cosas, España se encuentra en la necesidad de incrementar su capacidad de crecimiento futura. En primer lugar, profundizando, concretando y agilizando una reforma laboral que, tal y como está en su versión actual, difícilmente servirá para disminuir nuestra tasa de desempleo. En segundo lugar, acelerando el proceso de integración y consolidación de las entidades financieras del país. En este sentido, es una buena noticia que la nueva ley de Cajas de Ahorros ofrezca un mecanismo que permita convertir estas entidades en sociedades anónimas al uso, facilitando su adquisición por parte de otros bancos bajo las reglas del mercado. El modo en que, en la práctica, se desarrolle este nuevo marco legislativo será clave para el futuro de nuestro sector financiero. En tercer lugar, serían deseables nuevas medidas de austeridad en el sector público. Serían deseables en este sentido nuevas medidas de control del gasto y el establecimiento de un consejo de política fiscal, que independientemente de quien gobierne, estudie, dé recomendaciones y controle el estado de las finanzas públicas (al estilo del existente en Gran Bretaña o Suecia) . Tampoco deben descartarse propuestas menos ortodoxas pero igualmente útiles como el establecimiento del copago sanitario, la conversión en autopistas de peaje de algunas carreteras y vías públicas, la venta de los aeropuertos o la venta de RTVE y de otras televisiones públicas.

Finalmente, no podemos dejar de nombrar otras áreas en las que España debe trabajar para mejorar sus perspectivas a medio plazo. La reforma de la educación, del sistema de pensiones o la liberalización de las redes comerciales van en esta dirección. Se trata, en definitiva, de aprovechar la coyuntura adversa que vive nuestra economía para transformarla, potenciarla y hacerla más competitiva.