El sistema español es un sistema de prestación definida, es decir, la cuantía de las aportaciones está determinada por la ley.  Los trabajadores cotizan según sus salarios atendiendo al régimen al que estén adscritos. La cuantía de las pensiones también está determinada por la ley que establece que esa cuantía depende de la duración de los historiales laborales individuales, de las cotizaciones durante los últimos quince años de la vida laboral y de otros parámetros.

Las cuantías de las aportaciones y de las prestaciones a la seguridad social que se registren en un determinado año, determinan si esta tendrá un superávit (si las aportaciones han sido mayores que las prestaciones) o un déficit (en el caso contrario).  En los últimos años la seguridad social española ha registrado superávits, que se han ido acumulando en el fondo de reserva de las pensiones. Este fondo está destinado a ser utilizado cuando la cuantía de las prestaciones sea insuficiente para costear las pensiones.

Pero si tenemos en cuenta que la mayor parte de los activos del fondo de reserva son deuda pública que emite el tesoro y que compra la seguridad social, nos encontramos que, en realidad, el fondo de reserva de las pensiones es una convención contable que desaparecería de un balance consolidado del sector público. O sea que en realidad los fondos no están en una hucha que podamos romper cuando los necesitemos.

Por lo tanto, cuando llegue el día en que la cuantía agregada de las prestaciones de la seguridad social sea insuficiente para pagar las pensiones - día que llegará inevitablemente - el estado tendrá que utilizar los ingresos provenientes de otros impuestos para afrontar ese pago.

Pero eso no es todo. El sistema de pensiones español se enfrenta a otros problemas específicos y propios. El primero de ellos es la transición demográfica imparable, que sólo se puede alterar con flujos de inmigrantes que se han reducido notablemente con la recesión y que plantean sus propios problemas de integración. Los modelos con los que trabajamos estiman con mucha precisión cuantas personas tendrán 65 años dentro de 20 años y predicen con mucha fiabilidad la cuantía de las prestaciones a las que tendrá que hacer frente el estado español en el futuro. Antes de la recesión, estos modelos nos decían que a partir de 2016 iban a aparecer los primeros déficits, pero dada la coyuntura económica no sería de extrañar que las primeras dificultades aparezcan antes.

Otra característica propia de nuestro sistema es la intensidad de nuestra transición educativa. En los últimos veinte años, el acceso a la educación secundaria y a la educación superior de los españoles ha sido muy intenso, lo que ha cambiado la composición de la población. Las personas que están más formadas, tienen salarios mayores, y contribuyen más al sistema mientras están trabajando. Pero tienen derecho a pensiones más altas, por lo que la transición educativa también afecta a la sostenibilidad del sistema.

Otro factor determinante es la cuantía de las pensiones mínimas. En este apartado, hay que considerar dos aspectos: si la pensión mínima es alta o baja en términos absolutos; y si las pensiones mínimas son altas o bajas en relación a las pensiones medias. Es en este segundo punto donde reside el problema relevante de la sostenibilidad; es difícil saber cuántas personas están recibiendo una pensión mínima superior a la que habrían recibido atendiendo a sus historiales laborales y a las reglas del sistema de pensiones, si no existiera ese mínimo.

En España, la pensión mínima plantea otro grave problema relacionado con las jubilaciones anticipadas. La edad de jubilación son hoy 65 años, pero existe además otra primera edad de jubilación con derecho a pensión: 60 años para los mutualistas y 61 si se está en el régimen general después del año 1963.  Así, si una persona decide jubilarse antes de los 65 tiene una penalización del 8% por cada año de jubilación anticipada. Es decir, si se jubila a los 60 cobraría una pensión reducida en un 40%, si se jubila a los 61 en un 32% y así sucesivamente.

Ahora bien, las pensiones mínimas están exentas de penalización, por lo que no cambian si un trabajador se jubila a los 65, a los 60 o a los 61. Esto provoca que aquellas personas que saben que recibirán la mínima opten por jubilarse a los 60 o 61, de modo que cotizan cuatro o cinco años menos a la seguridad social y cobran sus pensiones durante cuatro o cinco años más, incrementando el gasto del sistema y reduciendo sus ingresos y su viabilidad.

Dado este panorama, es bastante evidente que la viabilidad del sistema de pensiones español está en entredicho y que son necesarias reformas estructurales de calado, que nos obligan a modificar las normas del sistema, las cuantías de las cotizaciones a la seguridad social, o las cuantías de las pensiones. Las propuestas de reforma más discutidas por investigadores y expertos son dos: 1) aumentar el número de años que se tienen en cuenta en el cálculo de la pensión; y 2) retrasar las edades mínimas de jubilación.

1) Aumentar el número de años que se tienen en cuenta en el cálculo de la pensión. Actualmente para calcular las pensiones se tienen en cuenta las aportaciones que se realizan durante los últimos 15 años de la vida laboral. Esta reforma propone ampliar este cálculo a los últimos 30 años, o incluso extenderlo a toda la vida laboral.

Esta medida presenta algunos problemas que no han sido anticipados por otros investigadores.  Por lo general, los últimos años de la vida laboral son en los que recibes un salario más alto, con lo que si se incluyen para el cálculo los años en los que se cobra menos, la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho se reduce. Eso es precisamente lo que pretende esta reforma. Ahora bien, los modelos que hemos estudiado demuestran que ante esta reducción, un número considerable de trabajadores que actualmente con derecho a una pensión superior a la mínima pasarían a cobrar la pensión mínima. Y como las pensiones mínimas están exentas de penalizaciones por jubilación anticipada, muchos de estos trabajadores abandonarán el mercado laboral en cuanto lleguen a la primera edad de jubilación, incrementando considerablemente los costes del sistema.  Por lo tanto, esta reforma solo aumentaría la viabilidad del sistema si fuera acompañada de otras medidas como que la pensión mínima también esté sujeta a penalizaciones por jubilación anticipada.

2) Retrasar las edades mínimas de jubilación.  La esperanza de vida ha aumentado mucho en los años que han transcurrido desde que se creó el sistema público de pensiones. Pero la edad normal de jubilación no ha variado: sigue siendo 65 años. Esto ha llevado a un encarecimiento progresivo del sistema de pensiones. Actualmente, tenemos muchos más pensionistas, que cobran una pensión durante mucho más tiempo, a pesar de haber contribuido lo mismo que en el pasado.

Si retrasáramos la edad de jubilación, el número de años de cotización aumenta y el número de pensionistas disminuye. Según los modelos que hemos estudiado, un retraso de tres años en las edades de jubilación sería suficiente para asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema hasta el 2050.

Para implantar esta medida, se debe estudiar cómo retrasar la edad de jubilación porque, evidentemente, debería hacerse de forma gradual. Posiblemente lo más adecuado sería retrasar la edad de jubilación un trimestre cada año, de forma que tendríamos un período de transición de 12 años hasta que la reforma estuviera completamente implantada.