España debería adecuar al mercado energético su sistema de primas a los productores de renovables

Informe sobre el sector español del gas y la electricidad

18/05/2011

El sector energético español afronta un periodo difícil a consecuencia de factores coyunturales (léase crisis económica y financiera global), pero también como resultado de factores estructurales como la excesiva dependencia exterior del mercado energético o la progresiva pérdida de competitividad de España con respecto a la media de la Unión Europea. Probablemente esta tendencia negativa se derive sobre todo de la ineficaz regulación nacional del sector en materias tan importantes como la determinación y la recuperación del déficit tarifario o el sistema de primas a la producción de energías renovables.

Esa es, al menos, una de las conclusiones que se desprenden de la sesión de continuidad organizada ayer, en el campus del IESE en Barcelona, por el Centro Sector Público-Sector Privado (SP-SP) y el departamento de Alumni, con motivo de la presentación del Informe sobre el sector español del gas y la electricidad. Tanto el autor del estudio, Giulio Federico, como el director académico del SP-SP, Xavier Vives, y Antonio Basolas, director general de Estrategia y Desarrollo de Gas Natural Fenosa, coincidieron en la necesidad de racionalizar ese sistema de subvenciones, cuya cuantía se ha triplicado entre los años 2007 y 2009, pasando de 2.200 millones a más de 6.000 millones de euros, la mayor parte de los cuales (más del 40%) corresponde a subvenciones a la energía solar fotovoltaica. No en vano, según Federico, "las primas pagadas en el 2009 probablemente superen los beneficios sociales asociados a la promoción de las energías renovables".

Federico ensalzó no obstante el compromiso de España con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Protocolo de Kioto, toda vez que "es uno de los pocos países europeos que en el 2010 han cumplido con sus objetivos en materia de energías renovables, convirtiéndose por ejemplo en líder mundial en energía eólica". Con todo, insistió en que ello "ha supuesto un gasto difícilmente justificable desde la perspectiva de la teoría económica".

A tal respecto, Basolas abogó por establecer un límite al importe total de esos subsidios, pues "hasta ahora se ha apostado por una política poco coherente con el crecimiento de la demanda energética, y eso tiene un sobrecoste que tarde o temprano acabarán pagando las empresas del sector y, en última instancia, los consumidores". De hecho, Basola abundó en la idea de Federico al señalar que el elevado coste de esas primas "es una de las principales causas del déficit tarifario que desde el año 2002 arrastra el sector energético español, que asciende a 25.241 millones de euros".

Basola lamentó que no exista una política efectivamente integrada que englobe el conjunto de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero, sobre todo el energético y el de los transportes, y que se dé una diferencia tan notable "entre lo que se le exige a efectos medioambientales al sector energético, cuyas emisiones representan el 22% del total y se le exige que las reduzca en un 23%, mientras que al resto de los sectores se les exige únicamente una reducción del 12%". En todo caso, Basola ponderó la importancia de la eficiencia energética y concluyó que "mientras los ciudadanos no cambiemos nuestros hábitos de consumo, el país no logrará una reducción de emisiones sustancial".

Más información: entrevista a Giulio Federico