Algunas claves de la reforma fiscal

Las propuestas de la ‘Comisión Lagares’, a examen

26/03/2014

Maximino Carpio

Rebajar el IRPF, modificar el Impuesto de Sociedades, subir el IVA, reducir las cotizaciones sociales, aumentar los impuestos medioambientales e impulsar mecanismos para luchar contra el fraude fiscal. Estas son las principales recomendaciones que el Comité de Expertos presidido por Manuel Lagares­ ha trasladado recientemente al Gobierno con la finalidad de reformar el sistema tributario en su conjunto.

Los principales objetivos de este paquete de reformas son la consolidación presupuestaria (reducir el déficit público a través del gasto pero manteniendo la presión fiscal), el impulso de la economía y el empleo, y el estímulo del ahorro en familias y empresas mediante un sistema impositivo justo basado en las rentas de los contribuyentes. Algunas de estas medidas, que ahora deberá evaluar y aprobar el Ejecutivo, han generado polémica. Es el caso, por ejemplo, de la subida del IVA del 10 al 21% de determinados bienes y servicios, o de la tributación de la vivienda habitual en la declaración de la renta.

Todos estos aspectos se abordaron en una sesión de continuidad dedicada a la reforma tributaria. La conferencia, organizada por la Agrupación de Antiguos Alumnos, sirvió para profundizar en las líneas generales de un extenso documento que recoge 125 propuestas con 270 modificaciones impositivas.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Maximino Carpio desgranó las distintas recomendaciones de la Comisión Lagares. El ponente recordó que fue el propio Gobierno quien, en julio de 2013, nombró a este comité de expertos del que Carpio ha formado parte. La reforma del sistema tributario pasa por la simplificación y eliminación de impuestos. A su vez, debe garantizar los recursos necesarios para continuar con la consolidación fiscal, impulsar el crecimiento económico y proteger el desarrollo social.


Más IVA y menos IRPF

La reducción de la presión fiscal directa (IRPF) y el incremento de los impuestos indirectos (IVA) y medioambientales es una de las claves de esta reforma. Los expertos proponen bajar el tipo impositivo máximo del IRPF hasta el 50%. El tipo mínimo, por su parte, debería rondar el 20% frente al 24% actual. Asimismo, proponen una rebaja del tipo actual del 30% al 25% en el Impuesto de Sociedades para, posteriormente, fijarlo en el 20%. Respecto al Impuesto de Sucesiones, la Comisión recomienda una imposición mínima que discrimine en función del grado de parentesco.

Para compensar esta pérdida de recaudación directa (unos 10.000 millones de euros, lo que supone un punto del PIB), la Comisión Lagares apuesta por subir los impuestos indirectos. En este sentido, propone un importante trasvase de productos que están en el tipo reducido del 10% de IVA al 21%. "Es una medida impopular pero necesaria, porque aquí hay un margen importante para el incremento de la recaudación", apuntó Carpio. Quedan exentos de esta propuesta tres grandes grupos de bienes y servicios: la vivienda, el transporte y el turismo.

Los expertos también son partidarios de que los productos y actividades más nocivas con el medioambiente paguen más impuestos. Y abogan por una reducción de tres puntos en las cotizaciones sociales para aumentar el empleo sin afectar a los salarios de los trabajadores.

Con todas estas medidas, el comité de sabios estima que, a medio plazo, mejorará el déficit público. Asimismo, la devaluación fiscal planteada tendrá un efecto positivo sobre el PIB, que crecerá hasta el 0,7% en acumulado de tres años, sobre el empleo y sobre la recaudación.


Frenar el fraude fiscal

Carpio apeló a la importancia de luchar contra el fraude fiscal. "El ciudadano debe ser consciente de que debe pagar impuestos si quiere tener servicios públicos de calidad", afirmó. Por ello, reconoció que deben mejorarse los medios para que la Agencia Tributaria persiga y descubra a los defraudadores. Además, destacó la necesidad de combatir el fraude de tributación por IVA en las operaciones intracomunitarias, el denominado "fraude carrusel".

Por su parte, el abogado Alejandro Auset habló de la necesidad de reducir las litigiosidad que, a menudo, surge entra la Administración y los contribuyentes. Con frecuencia, estos procesos se dilatan en el tiempo y acaban por convertirse en conflictos que se enquistan en la burocracia administrativa, con los consiguientes trastornos tanto para el ciudadano como para la propia Administración. En opinión de Auset, la solución pasa por generar diálogo y acercamiento entre las dos partes mediante las llamadas "actas con acuerdo", un instrumento que recoge la Ley General Tributaria. De esta manera, se agilizarían los procedimientos y se evitarían litigios interminables.



Agrupación de Antiguos Alumnos