“Se trata de proteger al trabajador, no el puesto de trabajo”

Lo más importante no es cuánto va a crecer el PIB, ni cuán más ricos vamos a ser dentro de tres o cinco años, sino más bien hacia dónde va nuestra sociedad.

Así iniciaba el profesor Antonio Argandoña su intervención en la sesión de Alumni España: productividad, salarios y empleo, con una llamada de atención sobre la dimensión social de los grandes desafíos que enfrenta la economía española a medio y largo plazo.

Desafíos que están directamente relacionados con los problemas estructurales que arrastra nuestro modelo productivo y que, como apuntaba también el profesor Alfredo Pastor, son complejos y de larga duración, de los que no se resuelven ni en un año, ni en dos, ni en una legislatura.

Las deficiencias del mercado laboral español

El profesor Argandoña diagnosticó de los ocho problemas del mercado de trabajo español, cuyas deficiencias son, en gran medida, las responsables de la precarización de nuestra economía. A saber:

1. La tasa de desempleo es muy elevada incluso cuando hay crecimiento, el desempleo es elevado.
2. Alto desempleo de jóvenes y de trabajadores poco cualificados.
3. Dificultades para que los parados encuentren un nuevo empleo sostenible.
4. Dualidad en el mercado. Existen dos categorías bien diferenciadas de trabajadores: los que tienen contratos indefinidos (muchos de ellos, sobreprotegidos) y los que tienen contratos temporales (claramente desprotegidos y apenas sin derechos).
5. Los salarios son bajos para un gran número de trabajos: ¿conviene aumentar el salario mínimo? ¿O proporcionar una renta mínima a todos?
6. La tecnología parece conspirar contra la creación y conservación de puestos de trabajo con salarios suficientes.
7. ¿Es posible un equilibrio entre seguridad y flexibilidad en el empleo?
8. ¿Es sostenible el Estado del bienestar?

Para el profesor Argandoña, la solución pasa por flexibilizar el mercado laboral, especialmente en lo que se refiere a la retribución y a la modulación del coste del despido. Pero sin caer en la trampa de ganar productividad a costa de contratar o despedir a los trabajadores discriminándoles por razones que no tienen nada que ver con su rendimiento.

Se trata de proteger al trabajador, no el puesto de trabajo. Si proteger el empleo supone defender a costa del otro al trabajador atrincherado detrás del puesto, entonces esto es injusto, ineficiente, y crear divisiones, afirma Argandoña.

El futuro de las pensiones y del trabajo

Alfredo Pastor, por su parte, fue el encargado de analizar las consecuencias de todos estos problemas sobre el Estado del bienestar.

Consecuencias que el profesor resumió en una frase: Con la demografía, el nivel de empleo y los salarios que tenemos, nuestro Estado del bienestar no se puede mantener durante mucho tiempo.

En los próximos treinta años, y si se mantienen las condiciones que tenemos ahora, añadió, las pensiones perderán aproximadamente el 30% de su valor: nuestras pensiones serán pensiones asistenciales.

El problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones se agrava si tenemos en cuenta las dos amenazas que, según el profesor Pastor, se ciernen sobre el futuro del trabajo.

Por una parte, el problema de las recuperaciones con desempleo (jobless recoveries), un fenómeno estudiado que se caracteriza por un crecimiento de la economía tras un periodo de recesión que no va acompañado de un crecimiento parejo del empleo, sino más bien de un estancamiento, o incluso de un crecimiento negativo de la ocupación.

Y, por otra, el fenómeno de la polarizacióndel mercado de trabajo, según el cual se crea empleo y suben los salarios en los dos extremos de la escala, es decir, para los trabajadores menos cualificados y para los muy cualificados. Pero no para la franja media, que es la que engloba a la mayoría de la población activa.

En resumen: Cada vez parece que se necesita menos gente, y se necesita gente en los dos extremos. En el medio no. Este es un fenómeno nuevo, porque nosotros estábamos acostumbrados al ascensor social.

Estas amenazas para el futuro del trabajo, según explicó Pastor, tienen su origen en dos causas con efectos muy distintos:

• la globalización, que conlleva la tendencia a una convergencia no precisamente al alza de los salarios a nivel mundial, y
• la revolución tecnológica, que amenaza con destruir los puestos de trabajo más susceptibles de ser automatizados y, por tanto, más vulnerables.

La revolución tecnológica y su impacto en el empleo

Ante la amenaza que supone la revolución tecnológica, y la destrucción masiva de empleo que tantos expertos e informes auguran, el profesor Pastor tranquilizó al auditorio recordando que esto no ha ocurrido nunca antes: No observamos una destrucción masiva de empleo, sino una transformación.

El problema que tenemos que abordar de verdad es que la gente se adapte para poderse incorporar al empleo, que no se quede gente en la cuneta, subrayó.

Pastor se mostró más bien escéptico acerca de las políticas activas para influir en la dirección de la tecnología y tratar de minimizar el impacto negativo que pueda tener sobre el empleo (como los impuestos sobre los robots, o el establecimiento de una renta mínima). Y mucho más partidario, en cambio, de apostar por las políticas de adaptación del trabajador a lo que va a venir. Pero, ¿cómo?

Más formación e implicación de las empresas

La respuesta es, siempre, educación. El problema, señaló, es que las instituciones docentes no saben qué es lo que la tecnología va a exigir de los trabajadores en los próximos años. Las que lo saben son las empresas. Por consiguiente, tiene que haber una implicación mucho más directa de las empresas en las políticas de formación.

No se puede proteger el puesto de trabajo porque no sabemos cuál va a ser, resalta Pastor. Se puede proteger al trabajador a la entrada, ofreciéndole una formación que le permita adaptarse mejor a las cosas nuevas que vienen y si me preguntáis cuál, os diré que no lo sé, reconoció Pastor y a la salida, consiguiendo que cuando uno sale de un empleo tenga una cierta seguridad de que va a conseguir otro.

“Eso significa tener un servicio de colocación que funcione, afirma. Algo que, claramente, no tiene la economía española, que precisa de una reorientación urgente tanto de la función de los servicios públicos de empleo como de la de los sindicatos, tal y como señalaron ambos profesores.