¿Quién pagará las redes móviles 5G en Europa?

La transformación digital es un asunto crucial para la UE y se ha convertido en una de las cuestiones prioritarias en la agenda de las instituciones europeas. Bajo esta premisa se ha articulado el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que en breve debe ser ratificado por los Gobiernos de los 28 países de la UE y por el Parlamento Europeo.

Esta nueva norma impulsará, entre otras cosas, el desarrollo e implementación de la quinta generación de tecnología móvil (5G) en todos los Estados miembros; generará alrededor de 1,3 millones de nuevos empleos durante la próxima década e incrementará el PIB europeo en 910.000 millones de euros. Fueron algunos de los datos que desgranó la eurodiputada Pilar del Castillo en la II Jornada de Competencia y Regulación en el Mercado de las Telecomunicaciones, organizada en el campus de Madrid por el Public-Private Sector Research Center del IESE en colaboración con Cellnex.

En opinión de Del Castillo, que es miembro de la Comisión de Industria, Energía y Telecomunicaciones del Parlamento Europeo, este nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas es “muy positivo” para afrontar los retos de conectividad que se presentan a medio y largo plazo. La norma sustituye a la anterior de 2009, que ha quedado desfasada, y busca que Europa avance hacia “un mercado único digital” que la situé a la cabeza de la economía digital mundial.

Uno de los objetivos es el desarrollo del 5G en territorio europeo, cuyo espectro se libera en 2020. Esta tecnología móvil es clave para áreas como los vehículos conectados, las ciudades inteligentes y la telemedicina, entre muchas otras. Para ello, se necesitarán entre 500.000 y 600.000 millones de euros de inversión hasta 2025, el 90% procedente del sector privado. Otro objetivo es que ese año se garantice el acceso de un 1 gigabyte por segundo a los sectores productivos de gran impacto económico y social, así como una conexión de 100 megas por segundo disponible en toda la UE.

Para que todo esto sea posible, la Comisión Europea (CE) ha añadido en esta nueva directiva una serie de medidas “que garanticen los derechos de los usuarios” y favorezcan “un entorno regulatorio más favorable para la inversión”, manteniendo los principios de competencia, según la europarlamentaria. Entre ellas, que la duración mínima de las licencias de los espectros de 5G subastados sea de 20 años, que el pago de la licencia sea simultáneo al uso de la misma o permitir que varios operadores gestionen la red bajo un modelo de coinversión.

“Solo un mercado único digital plenamente desarrollado permitirá a la UE ser más fuertes, tener más recursos y competir con mayores garantías en la economía global“, incidió Pilar del Castillo.

Oportunidades de coinversión

En la conferencia también se habló de las oportunidades de coinversión en el ámbito empresarial a raíz de este nuevo marco regulatorio. Este es un aspecto clave, ya que las previsiones apuntan a que si el ritmo de inversión digital en Europa se mantiene como hasta ahora, en 2025 se llegará con un déficit de 160.000 millones de euros. La solución pasa en buscar fórmulas de financiación que sean convenientes para los operadores, pero que al mismo tiempo protejan el derecho de los usuarios a unos precios competitivos. “Los acuerdos entre operadores son y serán cada vez más frecuentes. Dado que están más están por venir, es posible que haya novedades no previstas”, sostuvo José María Rodríguez, director asociado de la consultora Frontier Economics.

Por su parte, Agustín Díaz-Pinés, experto en telecomunicaciones de la CE, admitió que los acuerdos que se alcancen entre las empresas son beneficiosos, ya que comportan más calidad del servicio, mejor cobertura, precios más bajos y sinergias en los costes.

Sin embargo, concluyó que “es complicado alcanzarlos ya que para ello deben darse una serie de coincidencias: ha de haber intereses alineados entre los operadores, cooperación entre ambos, mutua codependencia, exclusividad e intercambio de información”.