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Por qué la reforma de las pensiones españolas es insostenible
Las simulaciones hasta 2070 son claras: los ajustes de 2025 agravan el sistema en lugar de aliviarlo.
La reforma de las pensiones que entró en vigor en abril de 2025 marca un nuevo intento de asegurar el futuro del sistema público español. Me temo que este esfuerzo será insuficiente.
Después de dos décadas de reformas, ajustes y rectificaciones, los reformistas vuelven a tropezar con la misma piedra. Según el modelo que hemos desarrollado Julián Díaz-Saavedra y yo, la última reforma, aprobada entre 2022 y 2023, no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava.
Nuestro estudio, titulado Pensions in Spain: A Reform that Backfires, muestra que las medidas diseñadas para asegurar el futuro del sistema tienen un efecto mínimo y que, a largo plazo, podrían generar graves consecuencias fiscales y distributivas.
En busca de la sostenibilidad del modelo de pensiones
Las reformas de 2011 y 2013 llevaban a España hacia un modelo de pensiones de jubilación más sostenible, aunque a costa de reducir el valor real de las pensiones, como señalamos en un estudio de 2016.
En 2021, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez revirtió esas reformas, eliminó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, y volvió a actualizar las pensiones con el IPC. Esta contrarreforma encareció sustancialmente las pensiones y volvió a poner en tela de juicio la sostenibilidad del sistema.
Para compensar el déficit resultante, las reformas paramétricas posteriores modificaron las siguientes características del sistema:
- El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que eleva el tipo de cotización en 0,6 puntos porcentuales en 2023 y lo incrementa gradualmente hasta llegar a 1,2 puntos en 2029, nivel en el que se mantendrá de forma permanente. Los ingresos adicionales generados por el MEI se acumulan en un fondo de reserva destinado a compensar los desajustes entre las cotizaciones y el gasto en pensiones. Contra toda lógica económica este fondo está completamente invertido en deuda pública española.
- La bonificación anual por cada año trabajado más allá de la edad ordinaria de jubilación pasa del 2% al 4%.
- El aumento del tope máximo de cotización y la pensión máxima: el primero crecerá un 1,2% anual entre 2024 y 2050, mientras que la pensión máxima lo hará un 0,1115% anual durante ese mismo periodo.
- La “cuota de solidaridad”, una contribución adicional sobre los ingresos laborales que superen el máximo de cotización.
- La pensión mínima de jubilación deberá alcanzar el 60% de la renta mediana en 2027.
Efectos de la reforma de pensiones
Para evaluar el impacto de estas reformas, utilizamos un modelo de generaciones solapadas que simula la economía española hasta 2070, proyectando la evolución de la demografía, la economía y la fiscalidad.
El resultado es inequívoco: estas reformas no consiguen restaurar la sostenibilidad del sistema. Según nuestras simulaciones, el gasto en pensiones pasará del 12,9% del PIB en 2022 al 17,7% en 2050, mientras que los ingresos apenas variarán. En ese mismo año, el déficit alcanzará el 6% del PIB, y si se pretendiera financiarlo con impuestos al consumo, el tipo del IVA tendría que subir más de doce puntos, hasta situarse en torno al 30%.
Los más perjudicados
El impacto de estas medidas no es uniforme. Los trabajadores con mayores ingresos, especialmente los más jóvenes, resultan claramente perjudicados: pagan más cotizaciones, reciben proporcionalmente menos y no se benefician de la subida de las pensiones mínimas. Los trabajadores con salarios más bajos, en cambio, obtienen una ligera mejora gracias al aumento de las prestaciones mínimas y a un tipo del IVA algo menor. En conjunto, los trabajadores con mayores niveles de ingresos –fundamentalmente los más jóvenes y con mayor nivel educativo– sufrirán pérdidas de bienestar equivalentes al 0,3% del PIB, es decir, a unos 4.500 millones de euros de 2025.
Cómo recuperar la sostenibilidad de las pensiones
Todo ello lleva a una conclusión difícil de eludir: la reversión de las reformas de 2021 es un error. Esa decisión nos ha llevado a malgastar dos décadas que podrían haberse aprovechado para poner en marcha reformas estructurales capaces de afrontar los desafíos demográficos y económicos del país.
A nuestro juicio, España necesita tres líneas de actuación. En primer lugar, debería recuperar mecanismos automáticos de ajuste que vinculen las pensiones a la esperanza de vida y al equilibrio financiero del sistema. En segundo lugar, debería complementar el sistema público con cuentas individuales obligatorias que fomenten el ahorro previsional y reduzcan la presión sobre el sistema de reparto. Y, en tercer lugar, debería acompañar las reformas con medidas compensatorias o incentivos fiscales que hagan que los cambios sean políticamente viables y socialmente asumibles.
Otros países europeos han seguido este camino. Por ejemplo, Suecia combina un sistema público completamente sostenible con cuentas individuales nocionales, e Italia y Letonia aplican factores de sostenibilidad automáticos. España también podría hacerlo, pero para ello hacen falta un diagnóstico correcto de los problemas del sistema, voluntad política para solucionarlos y una visión de largo plazo.
El envejecimiento de la población es un hecho innegable y los datos no perdonan. Cada año sin una reforma estructural encarece la factura futura y dificulta el consenso. Necesitamos una reforma integral que garantice un sistema de pensiones sostenible y equitativo.
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