Cómo los impuestos sobre emisiones frenan la inversión sin mejorar el medioambiente

Las empresas tienden a reducir su inversión, no tanto por un interés en mitigar su contaminación, sino debido al incremento de la carga fiscal.

El primer impuesto sobre emisiones de carbono del mundo se introdujo en Finlandia en 1990 y, desde entonces, ha sido adoptado por muchos líderes políticos como una medida para abordar el cambio climático. La idea detrás de esta iniciativa es influir en el comportamiento de las empresas más contaminantes mediante el aumento de sus obligaciones fiscales. Además de promover cambios en el comportamiento empresarial, este impuesto también genera ingresos adicionales para los gobiernos, los cuales, en teoría, se destinan a proyectos ambientales.

La búsqueda de soluciones climáticas ha ganado fuerza en los últimos años. A mediados de 2025, el Banco Mundial registró un total de 43 iniciativas de impuestos sobre el carbono a nivel mundial, incluyendo impuestos nacionales y regionales. Hace apenas una década, tan solo 12 países, en su mayoría del norte de Europa, habían implementado este tipo de gravamen. Sin embargo, es importante señalar que países como China y Estados Unidos aún no han adoptado un impuesto sobre las emisiones de carbono. A pesar del progreso, solo el 5,6% de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial están actualmente sujetas a este tipo de impuesto, lo que demuestra que queda mucho por hacer en este sentido.

A la hora de implementar impuestos sobre las emisiones, es crucial considerar sus repercusiones en las empresas, la economía y el medioambiente. Además, hay que evaluar si estas medidas realmente incentivan a las empresas a adoptar prácticas más ecológicas o simplemente las penalizan financieramente.

Un estudio realizado por el profesor del IESE Martin Jacob y Kira Zewer (WHU – Otto Beisheim School of Management), explica que los impuestos sobre las emisiones pueden desestimular la inversión empresarial y dar beneficios medioambientales limitados. La investigación sugiere que, tras la implementación de estos impuestos, las empresas tienden a reducir su inversión, no tanto por un interés en mitigar la contaminación, sino debido al incremento de la carga fiscal. Esto afecta especialmente a las empresas que no pueden trasladar los costes fiscales adicionales a sus clientes o proveedores.

Una segunda investigación realizada por Jacob y Zerwer, junto con Thilo Erbertseder y Hannes Taubenböck, ambos del Centro Aeroespacial Alemán, utilizó datos satelitales para medir las emisiones reales, y concluyó que el impuesto sirvió como un pequeño empujón en la dirección correcta, pero no logró tener un impacto significativo sobre los gases de efecto invernadero a los que se dirigía.

"Los impuestos sobre las emisiones podrían no estar logrando el objetivo deseado", concluye el estudio, "lo que sugiere que los líderes políticos deben considerar otras herramientas regulatorias para abordar las emisiones de las empresas y fomentar su eficiencia en términos climáticos".

A mayores impuestos, menor inversión

La investigación se centra en dos provincias de España: Alicante y Murcia. A principios de 2013, el gobierno de Alicante, siguiendo las directivas de la Unión Europea, implementó un impuesto sobre las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx), mientras que Murcia optó por no hacerlo.

La reforma en Alicante resultó en un aumento significativo del coste fiscal para las empresas, con un promedio del 7% más en comparación con los murcianos. Además, se generaron costes adicionales de cumplimiento y se observó un aumento en la demanda de servicios de asesoramiento.

Hasta el momento, el plan sigue su curso: hacer que las empresas contaminantes paguen más impuestos sobre su actividad. Además, la mayoría de las nuevas regulaciones medioambientales han resultado en un aumento significativo de los costes de cumplimiento y una mayor demanda de servicios de consultoría, dado que las empresas necesitaban ajustarse a las nuevas normativas. Aunque un incremento en la factura fiscal podría considerarse un éxito desde el punto de vista político, puede no ser bien recibido por las empresas.

El problema está en la forma en que las empresas pagan los impuestos adicionales. A menudo, optan por reducir las inversiones en activos fijos como una forma de compensar los nuevos impuestos. Por ejemplo, tras la implementación del nuevo impuesto de emisiones en Alicante, las empresas redujeron sus inversiones en casi un 1% de sus activos totales en comparación con las empresas en Murcia.

Para validar esta conclusión en un contexto diferente, los investigadores analizaron empresas privadas en Francia e Irlanda después de introducir impuestos sobre el dióxido de carbono, y confirmaron una reducción en las inversiones de las empresas, en concreto del 1%.

Jacob y Zewer destacan que la reducción de la inversión fue más pronunciada en mercados muy competitivos, donde las empresas tienen menos margen en materia de precios. También, observaron una disminución significativa de la inversión en empresas ubicadas en mercados con una demanda más elástica, dado que estas empresas no podían trasladar el aumento de los costes a sus clientes o proveedores. Por último, también afectó a empresas con menor flexibilidad financiera.

La inversión no está relacionada con los niveles de emisiones

No se encontró ninguna relación entre las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx) y la respuesta de inversión. El descenso en la inversión fue similar tanto en industrias con altas emisiones como en aquellas con menores emisiones. Esto sugiere que las empresas se vieron obligadas a reducir su inversión por motivos estrictamente económicos, independiente de las consideraciones medioambientales.

De hecho, las industrias con altas emisiones donde los costes fiscales podían ser trasladados a clientes o proveedores tuvieron la capacidad de mantener sus niveles de inversión. Esto ocurrió a expensas de algunas industrias de bajas emisiones que disminuyeron sus inversiones debido a que, en última instancia, tuvieron que asumir parte de la carga fiscal de las emisiones mediante precios más elevados de los insumos provenientes de las industrias con altas emisiones.

Por otro lado, al analizar la situación en Francia e Irlanda, se concluyó que la respuesta de la inversión en esos países no estuvo vinculada a los niveles de emisiones de CO2. En cambio, al igual que en España, las inversiones de las empresas que operan en mercados más competitivos, con poco margen para fijar precios o con escasa flexibilidad financiera, fueron las más afectadas por los impuestos sobre emisiones.

¿Y qué hay de las emisiones reales? En cierto sentido, los niveles de contaminación son la métrica más importante. La segunda investigación examinó la misma región en busca de indicios de una posible reducción de los niveles de NOx tras la implementación del impuesto. A partir de datos satelitales, los investigadores detectaron una modesta disminución anual del 1,2 % en los niveles de NO2, equivalente a unas 728 toneladas de emisiones de NOx. Las reducciones fueron más pronunciadas en zonas industriales y entre empresas innovadoras y de mayor tamaño, lo que subraya la importancia de la capacidad tecnológica en la adaptación al cambio climático.

Eso resalta que, lamentablemente, no existe una solución única y sencilla para persuadir a las empresas de reducir su impacto ambiental. Un simple impuesto sobre las emisiones puede no ser la respuesta apropiada.

Los reguladores deben desarrollar un enfoque integral que incluya incentivos fiscales para que las empresas contaminantes inviertan en tecnología verde y promuevan objetivos de emisiones vinculantes.

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